El atractivo del arbitraje reside fundamentalmente en su idoneidad para solucionar conflictos con imparcialidad, flexibilidad y eficiencia; y, en definitiva, para generar confianza entre las partes y facilitar con ello el cumplimiento voluntario del laudo.

1. Imparcialidad. Las partes gozan de libertad para elegir al árbitro que resolverá su disputa, la institución arbitral que administrará el arbitraje, la sede del arbitraje, las reglas aplicables al procedimiento, el derecho aplicable al fondo y el idioma. El arbitraje constituye por ello un foro naturalmente neutral, al ser configurado libremente por las partes.
2. Flexibilidad. El carácter abierto del arbitraje permite a las partes adaptar las reglas que rigen el procedimiento (alegaciones orales y escritas, práctica de la prueba, celebración de audiencias, formulación de conclusiones, etc.) a las circunstancias concretas del caso y, por ende, a la enorme diversidad de los negocios en una economía moderna, compleja y globalizada.
3. Eficiencia. Una de las principales fortalezas del arbitraje radica en la posibilidad de contar con árbitros expertos en la materia objeto de disputa y disponibles para dedicar al arbitraje el tiempo que las circunstancias recomienden en cada caso, lo que redunda en soluciones de mayor calidad y sofisticación. Además, el laudo arbitral es ejecutivo, firme y produce efectos de cosa juzgada desde el momento en que es dictado por los árbitros. Se trata, por tanto, de un sistema de instancia única en el que las partes, a diferencia de lo que sucede en la litigación judicial, no tienen la posibilidad de acudir a una segunda instancia para solicitar la revisión de la decisión sobre el fondo de la controversia.

El arbitraje constituye un instrumento de competitividad empresarial. En efecto, existe una correlación clara y directa entre la (i) eficacia del arbitraje como mecanismo de solución de diferencias, la (ii) seguridad jurídica que la actividad empresarial requiere y, en última instancia, la (iii) competitividad de la economía.

El arbitraje ha experimentado un desarrollo muy significativo en España en los últimos años. La expansión del arbitraje en nuestro país es fruto del esfuerzo desplegado en diversos ámbitos y, por tanto, de una multiplicidad de factores. De entre ellos, pueden destacarse los tres siguientes:

1. En primer lugar, España goza de un marco normativo muy favorable al arbitraje, instaurado mediante la Ley de Arbitraje de 2003, basada en la Ley Modelo UNCITRAL.
2. En segundo lugar, nuestro país cuenta con una moderna infraestructura judicial de apoyo y control del arbitraje, concebida para dotar de mayor uniformidad a las pautas de decisión judicial en materia arbitral y garantizar una mayor seguridad jurídica.
3. España cuenta con una vibrante y sofisticada comunidad arbitral articulada principalmente en torno al Club Español de Arbitraje. El CEA, tal y como se le conoce por sus siglas, es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover el recurso al arbitraje como método de resolución de conflictos, así como a desarrollar el arbitraje en lengua española y portuguesa o con componente iberoamericano. Constituido en el año 2005, reúne a más de 1.000 socios de 43 países en Europa, América, Asia y África.