Presidenta de la Corte Española de Arbitraje
Es licenciada en Derecho, con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, y abogada del Estado. En 2019 fue nombrada presidenta del Pleno de la Corte Española de Arbitraje, cargo que compatibiliza con su labor de secretaria general del Consejo y directora de la Asesoría Jurídica en Vodafone España, S.A. Asimismo, desde 2021, ejerce como consejera independiente de Línea Directa Aseguradora, S.A. Previamente, ocupó los siguientes puestos:
- Secretaria General del Consejo y Directora General de Asesoría Jurídica de Sacyr, S.A.
- Abogada del Estado en la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Estadística; en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; en los Juzgados y Tribunales de Madrid, en el orden social y en el orden penal; ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo.
- Ha compatibilizado el cargo de abogado del Estado con el ejercicio privado de la abogacía, fundamentalmente en el ámbito empresarial.
- También ocupó desde diciembre de 2004, la Secretaría de Patronatos de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus Universidades (Universidad San Pablo de Madrid, Universidad Cardenal Herrera de Valencia y Universidad Abat Oliba de Barcelona) y, desde marzo de 2007, la Secretaría General de dicha Fundación.
FUNCIONES
- Presidir, convocar y dirigir las sesiones del Pleno, así como las de sus comisiones y secciones.
- Tomar decisiones en los procesos arbitrales que le correspondan de conformidad con el Reglamento.
- Coordinar los trabajos del Pleno y de la Secretaría General.
- Ejercer la representación institucional de la Corte.
- Promover el desarrollo de la Corte, tanto a nivel doméstico como internacional.
- En casos justificados por razones de urgencia y necesidad, adoptar decisiones en nombre del Pleno, que deberán ser comunicadas por el Presidente al Pleno en su siguiente sesión.
- Velar por el cumplimiento de las exigencias de independencia, trasparencia y confidencialidad de los vocales del Pleno.
- Con respeto en todo caso a los principios de independencia y confidencialidad, informar a los órganos de gobierno de la Cámara de España acerca del desarrollo de las actividades de la Corte una vez al año, con carácter ordinario, y, excepcionalmente, por iniciativa propia o a solicitud del Presidente de la Cámara de España.