28 Ene 2025 La cuantía media por asunto tramitado en 2024 ha ascendido hasta los 5,3 millones de euros, un 18% más que en 2023La designación de árbitros y árbitras en los asuntos administrados por la Corte ha alcanzado la paridad en 2024 Madrid, 28/01/25.- La Corte Española de Arbitraje (CEA) ha tramitado 40 asuntos por una cuantía agregada en disputa de 211 millones de euros durante 2024, cifra que supone un aumento del 35% respecto del ejercicio anterior. También se ha incrementado la cuantía media por asunto, que se sitúa en los 5,3 millones de euros y que implica un incremento del 18% respecto a 2023, cuya cuantía media se fijó en 4,5 millones de euros por asunto.Por sectores, seguros concentró la mayoría de los casos tramitados por la CEA, un 34%, seguido de energía y societario, con un peso del 19% cada uno. El sector agroalimentario y el tecnológico, han sido otros de los sectores demandados. Paridad entre árbitros y árbitrasEn 2024, la Corte Española de Arbitraje ha alcanzado la paridad en el nombramiento de árbitros, lo que supone un gran avance en los valores y el compromiso con la igualdad de género impulsados por esta institución y liderados por su presidenta, Elena Otero-Novas. “La presencia de más mujeres en el arbitraje y una participación más activa de las mujeres en el ámbito jurídico es un paso trascendental para lograr un sistema judicial más justo y representativo”, afirma Otero-Novas.En este sentido, se incrementa el número de árbitras nombradas por las partes hasta alcanzar el 50% de los nombramientos, lo que representa un notable avance respecto del año anterior en el que tan solo un 8% de los árbitros nombrados por las partes fueron mujeres. Asimismo, se incrementa, un año más, el número de árbitras propuestas por la Comisión de Designación de Árbitros hasta alcanzar el 47%, lo que ha supuesto una subida de 9 puntos respecto del ejercicio anterior. Por último, cabe destacar que, al igual que en el ejercicio anterior, la CEA no realizó ningún nombramiento directo en 2024, reforzando así su compromiso con el principio de mínima intervención en las designaciones; es decir, todos los nombramientos se efectuaron por las partes a través del sistema de listas o por mutuo acuerdo.
