21 Mar 2023 La Corte Española de Arbitraje (CEA) ha puesto en marcha un ciclo de mesas redondas con el que pretende impulsar el debate y el intercambio de conocimientos sobre este método alternativo de resolución de conflictos, dentro de los diferentes sectores de la economía. La primera de las mesas redondas ha estado centrada en los “Retos y perspectivas del Arbitraje de Construcción en el contexto actual” y ha contado con la asistencia de una veintena de directivos de grandes constructoras y abogados expertos en litigación y arbitraje. Todos ellos han participado en una charla liderado conjuntamente por la presidenta de la CEA, Elena Otero Novas y el secretario general de la CEA y de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona. El encarecimiento de los materiales y la subida de tipos de interés han ensombrecido las perspectivas económicas del sector de la construcción, que observa con preocupación el posible incremento de conflictos por incumplimientos contractuales. La construcción es un negocio jurídico complejo en el que intervienen una gran variedad de personas, todas ellas relacionadas y motivadas por un mismo proyecto. Por ejemplo, a nivel horizontal, encontramos al promotor, al dueño de la obra, al constructor, al arquitecto o ingeniero, a otros diversos facultativos, y empresas consultoras. A nivel vertical, están los subcontratistas y suministradores e incluso podríamos añadir, a unos niveles más colaterales, las compañías de seguros y los bancos, en la medida en que intervienen, por ejemplo, en las garantías que se prestan a los operadores relacionados en los planos horizontal y vertical. El consenso ha sido generalizado en torno a que los factores más influyentes en la decisión de someter una disputa de construcción a arbitraje son: el valor de la disputa, la complejidad del procedimiento y la especialización del árbitro. Agilidad y eficiencia Los dos principales desafíos del arbitraje de construcción a escala nacional e internacional consisten en su alto coste y su prolongada duración. Así, aunque el arbitraje internacional continúa siendo el mecanismo preferido para resolver controversias en la industria de la construcción, este enfrenta problemas de eficiencia. En primer lugar, los árbitros deben ser honestos en su declaración de disponibilidad, pues no en pocas ocasiones se da la circunstancia de que el árbitro o los árbitros designados son profesionales muy ocupados y no ven con malos ojos plantear un calendario procesal excesivamente largo para su propio “desahogo”. Por otro lado, el arbitraje es, o debería ser, mucho más rápido que la jurisdicción ordinaria. Se deben evitar dilaciones, sobre todo en la fase previa del procedimiento y atajar las incertidumbres que tienen los árbitros cuando ejercen la discrecionalidad que les es reconocida en la toma de decisiones procesales por miedo a una posible nulidad del laudo (due process paranoia). La mayoría de los asistentes ha echado de menos en muchas ocasiones que los árbitros actuasen con más valentía en su toma de decisiones, pues están dotados de la auctoritas y potestas necesarias para ello y las partes, verdaderamente, lo esperan. La previsibilidad del procedimiento genera agilidad y la agilidad se traduce en eficiencia económica, por lo que, en términos generales, se concluye con que el liderazgo de los árbitros en la conducción del procedimiento arbitral incide significativamente en su eficiencia. También ha habido unanimidad en que el nombramiento de un solo árbitro y la adopción de criterios de vencimiento objetivo en la imposición de las costas contribuyen de manera significativa a la eficiencia del arbitraje en términos económicos. En cualquier caso, sin perjuicio del papel que juegan las instituciones arbitrales que deben velar porque los plazos se cumplan de forma efectiva y procurar evitar dilaciones, son las partes y los árbitros quienes más peso tienen a la hora de procurar la agilidad y la eficiencia del procedimiento arbitral. A pesar de todo, las instituciones arbitrales españolas, en general, y la CEA en particular, gozan de buena salud en cuanto a datos sobre duración de procedimientos se refiere. En este sentido, las estadísticas de la CEA sitúan el tiempo medio de duración de los procedimientos en 8 meses. Especialización El alto grado de especialización del arbitraje de construcción hace que una de las grandes ventajas del arbitraje sea, precisamente, la especialización de los árbitros. La eficacia de un procedimiento arbitral depende, en gran medida, del conocimiento y experiencia de los árbitros. Poder elegir un árbitro especializado es una ventaja esencial y su impacto se aprecia en todos los ámbitos del procedimiento arbitral. El conocimiento de las mecánicas de funcionamiento, terminología, cuestiones técnicas, etc., permite al árbitro centrarse rápidamente en los puntos de desacuerdo y esa mayor agilidad se traduce en una correlativa reducción de costes. Y, lo más importante, permite que se produzca una discusión de altura intelectual que garantiza la plena comprensión de los puntos de debate y hace mucho más previsible su decisión. Desconocimiento y desconfianza La falta de reconocimiento del arbitraje en nuestro país viene dada: por un lado, por el desconocimiento de la institución entre los abogados y profesionales del derecho y, por otro, por la desconfianza hacia el arbitraje. El desconocimiento solo puede atajarse con una fuerte campaña pedagógica y la desconfianza con árbitros con solvencia profesional y probidad moral y con instituciones arbitrales de prestigio. Cursos de árbitros y mayor formación en las facultades de Derecho, por ejemplo, fueron algunas de las ideas que se pusieron encima de la mesa. Corresponde a la comunidad arbitral impulsar la cultura arbitral. Así lo han puesto de manifiesto varios de los asistentes, que han coincidido en que el arbitraje tiene un gran potencial en el contexto actual, sobre todo debido al progresivo aumento de la litigiosidad, que incide, inevitablemente, en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Medidas adoptadas por el Gobierno como el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, son un buen ejemplo de ello. Obra pública También, durante el encuentro, ha salido a colación que uno de los principales motivos del escaso número de arbitrajes de construcción en el ámbito doméstico es que más del 90% de la obra que se ejecuta en España es Obra Pública. En el Derecho privado el arbitraje no plantea dudas sobre su admisibilidad, pues se entiende que acudir a este medio de resolución de conflictos entra dentro del poder de disposición de los litigantes sobre sus derechos subjetivos. Sin embargo, en el ámbito del Derecho público la cuestión no está exenta de controversia. En este sentido, en el debate se ha propuesto retomar el estudio del Club Español de Arbitraje sobre la “arbitrabilidad” de la actividad de la Administración en determinados ámbitos que recogía una serie de sugerencias para afrontar una reforma que reconozca el arbitraje como medio alternativo de resolución de disputas en el seno de las Administraciones públicas.
