El secretario general y el director jurídico de la Corte Española de Arbitraje (CEA), Adolfo Díaz-Ambrona y Fernando Cabello de los Cobos, han participado en el prestigioso “Anuario de Arbitraje 2021”, editado por Thomson Reuters España. Su aportación ha consistido en un artículo en el que hacen balance de las diferentes medidas implementadas por las instituciones arbitrales españolas para hacer frente al Covid-19 y sus consecuencias jurídicas y económicas. Ambos directivos aseguran en su artículo que la pandemia ha sido un periodo que ha puesto a prueba al arbitraje institucional, aunque señalan que el sector ha sido capaz de salir reforzado. En esa línea, remarcan que la crisis sanitaria “ha puesto de manifiesto que las instituciones arbitrales estaban mucho mejor preparadas de lo que nos pensábamos” y que, como sistema de resolución de conflictos, “son mucho más resilientes que la Administración de Justicia”.

Los autores cuentan que la primera decisión trascendental llegó justo después de decretarse el estado de alarma, el 14 de marzo de 2020. En ese momento las instituciones tuvieron que elegir entre suspender plazos procesales, al igual que la administración de justicia, o permitir que los procedimientos siguieran adelante. En el caso de la CEA, se optó por no imponer la paralización de los procesos al que el organismo estaba suficientemente preparado, desde un punto de vista técnico y humano, para seguir prestando sus servicios. “En otras palabras, decidimos dejar a la libre voluntad de las partes la decisión de suspender o no los plazos de todos los arbitrajes que se encontrasen en curso” revelan.

Según describen Díaz-Ambrona y Cabello de los Cobos, no fue una tarea sencilla. Durante los meses siguientes, tanto la CEA como el resto de instituciones arbitrales españolas que dieron el mismo paso hacia el frente tuvieron que implementar una nueva forma de trabajar totalmente online “que hasta la fecha no había tenido demasiado éxito”, fundamentalmente debido al apego de los usuarios a los actos presenciales. Sin embargo, fue precisamente la actitud de los usuarios la que permitió la maquinaria arbitral siguiera en funcionamiento. “En su mayoría, acogieron con buen grado la medida” y, de hecho, los procedimientos “se fueron reanudando con total normalidad”. Además, tal y como revelan los autores, la transformación digital permitió que los litigios se tramitaran de una manera más eficiente y con un menor coste para las partes, con carácter general.

Los medios tecnológicos que se implementaron fueron principalmente dos: las plataformas electrónicas y las videoconferencias. Las primeras permitieron, “de una manera muy intuitiva y sencilla”, poner a disposición de las partes, árbitros y demás participantes del procedimiento “toda la información recopilada de manera digital en un mismo sitio (…) que genera una cronología del caso y registra los hitos procesales”.Por su parte, las audiencias virtuales hicieron posible la celebración de las vistas entre árbitros, partes y testigos “como si de audiencias presenciales se trataran” y “respetando, en todo caso, los principios de contradicción, audiencia e igualdad”.

En definitiva, el texto viene a exponer de primera mano cómo la comunidad arbitral española ha sabido amoldarse a las nuevas circunstancias impuestas por la crisis sanitaria. Y todo ello gracias a que “se encontraba en una fase muy avanzada de pre-adaptación a las nuevas tecnologías, de tal forma que la llegada de la pandemia ha hecho que, a día de hoy, el nivel de digitalización del sistema arbitral sea extraordinariamente elevado”.

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